Desde 1977, un grupo de mujeres campesinas tejedoras de las montañas de Cundinamarca en Colombia ha resistido la presión de grandes corporaciones e industrias de bebidas endulzadas y ultraprocesados que, con la complacencia de las autoridades ambientales, han explotado de forma irregular los nacimientos de agua, afectando ríos y quebradas de la región. Mientras los intereses económicos convierten el agua en un recurso de negocio, las comunidades enfrentan sequías más severas, que también golpean los ecosistemas del territorio. Ahora, ante la solicitud de renovar una concesión de explotación hídrica para embotellar agua, estas mujeres y otros defensores de su comunidad se organizan para frenar el avance de estas industrias y cuestionar las políticas que regulan el uso industrial del agua, un hecho que pone al país a mirar de frente la crisis climática que desangra el territorio y evidencia que el agua dejó de ser un derecho que debe respetarse por encima de cualquier otro interés.